Todo gobierno que pretenda la justicia social debe buscar la justicia de género. La igualdad de las mujeres y los hombres no sólo debe ser un derecho consagrado en las leyes, sino convertirse en realidad. El problema en México es que todavía vivimos en una sociedad machista donde las mujeres son discriminadas y agraviadas cotidianamente. Desde luego que debemos cambiar los valores muy anquilosados del machismo, pero, también, el Estado tiene que implementar una serie de políticas públicas diseñadas para hacer realidad la igualdad de género.
Lo primero que hay que hacer es reconocer los derechos reproductivos de las mujeres. El Estado debe permitir la interrupción de un embarazo antes de que el feto comience a tener actividad cerebral. El tema es controversial. Yo no he conocido a una sola mujer que le guste abortar. Se trata de una decisión muy dura de tomar. Las mujeres, con toda libertad, deben tener el derecho de hacerlo y el Estado garantizar que lo puedan realizar en hospitales públicos con buenas condiciones sanitarias. La política pública debe estar dirigida a cuidar la salud de las mujeres. Evitar que tengan que recurrir a abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas. Confiemos en la inteligencia de las mujeres. El Estado no las debe tratar como infantas que no saben qué es lo mejor para ellas.
Segundo, el Estado debe evitar la violencia de género. Esto pasa por educar a los niños para que, desde pequeños, se aprenda a respetar a las mujeres. Difundir campañas en los medios masivos de comunicación para condenar el machismo y la crueldad asociada a éste.
Lo más importante, sin embargo, es, de nuevo, proteger a las mujeres. Generalmente, la violencia ocurre en los hogares. Las parejas agreden verbal y físicamente a las mujeres, quienes deben tener el derecho de dejar sus hogares cuando se sientan amenazadas, llevarse a sus hijos y encontrar refugios donde las protejan. Este problema no lo puede resolver el mercado. Se requiere la intervención del Estado. Los refugios los pueden operar organizaciones de la sociedad civil. El financiamiento de éstos, sin embargo, no puede ser exclusivamente de fuentes privadas. Los gobiernos deben contribuir para que puedan tener todos los recursos necesarios y regular su operación para evitar abusos.
Es obligación de todo Estado proveer seguridad a la población, sobre todo a los grupos más vulnerables. Se requiere de todo un esfuerzo en materia de procuración de justicia para que no queden impunes los crecientes feminicidios que hay en nuestro país. No se trata de subir las penas, sino de tener un aparato de justicia (policías, fiscales, jueces y cárceles) que combatan la impunidad y procesen judicialmente a los que secuestran, violan y asesinan a las mujeres.
El Estado debe asegurar que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y obligaciones laborales. No es posible que los hombres ganen más dinero por realizar el mismo trabajo. Las empresas e instituciones de gobierno que así lo hagan deben ser sancionadas por las autoridades. Las mujeres, en este sentido, deben tener el derecho de demandar a sus empleadores en caso de discriminación por género y, si ganan, recibir una buena compensación por haber sido relegadas.
Las mujeres deben tener el derecho a guarderías donde cuiden a sus hijos mientras ellas trabajan. Éstas las pueden poner las empresas o el Estado que, a su vez, puede construirlas y operarlas directamente o subrogarlas al sector privado, regulando su operación para evitar malas prácticas.
El Estado no puede permitir la discriminación hacia las mujeres en comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres. No debe haber excepciones a la igualdad de género que se justifiquen por derechos de los pueblos originarios. Al revés: el Estado tiene que proteger aún más a las mujeres en las poblaciones económica y socialmente más vulnerables del país.
El Estado debe procurar una representación política paritaria. Las legislaturas deben tener el mismo número de hombres y mujeres. Los gabinetes presidenciales y de los gobiernos locales deben ser paritarios en el género. Los poderes judiciales, promover programas para incentivar el mayor número de juezas posible. Si el Estado logra esto, pondrá un ejemplo para que el sector privado se sienta presionado a reclutar a más mujeres en altos puestos ejecutivos.
Hay muchas más políticas públicas que se han probado con éxito en otros países. La conclusión, sin embargo, es que no puede haber justicia de género sin políticas públicas diseñadas para ello. Lo demás es retórica.
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