Ulises Lara ha presentado este martes su salida de la Fiscalía General de la República (FGR). Lara había llegado en enero a la dependencia federal de mano de la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes. En su departamento había recaído la delicada investigación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve altos funcionarios estatales tras la explosiva acusación por narcotráfico de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde que comenzó la investigación interna, hace más de dos meses, la opacidad y el hermetismo han dominado el caso, mientras crecían las presiones al otro lado de la frontera. Fuentes federales apuntan que la salida precipitada de Lara se debe, en parte, a las presiones estadounidenses.
Este mismo jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum, instó a la FGR durante su conferencia mañanera a informar sobre avances en la investigación del caso Rocha. También del caso de El Mayo Zambada, cuya detención hace dos años al otro lado de la frontera tras una supuesta traición dentro del Cartel de Sinaloa es la espita que ha detonado una crisis iniciada en el Estado del Pacífico, que se ha acabado convirtiendo en un agujero negro no solo en materia de seguridad, sino en el caballo de batalla de la campaña de México contra el injerencismo estadounidense bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico.
Desde el inicio del caso Rocha, la defensa se ha ido reforzando en dos planos. En el político, la tesis del intervencionismo estadounidense está ya sobre la mesa, incluida una reforma constitucional para blindar las elecciones ante la “injerencia extranjera”. En el jurídico, la FGR abrió su propia investigación propia de la que, más de dos meses después, apenas hay novedades. De su resultado dependerán en gran medida los siguientes movimientos a los dos lados de la frontera.
Sheinbaum añadió este martes que “mientras la Fiscalía General de la República realiza su investigación, el gobierno de Estados Unidos no ha enviado ninguna prueba adicional”. La petición a finales de abril del Departamento de Justicia fue, de momento, la detención provisional de los acusados. Un paso previo, que daba 60 días para la formalización de la solicitud de extradición. Un escalón, que según el Gobierno mexicano, no se ha dado.
Más allá de Lara, con una carrera previa en la Fiscalía de la Ciudad de México, el caso Rocha es la gran prueba de fuego para Godoy y, por extensión, también para la presidenta Sheinbaum. Tras la salida de Alejandro Gertz Manero, que dejó un reguero de cuestionamientos, choques internos y una sensación extendida de impunidad, el relevo en la Fiscalía General supuso uno de los movimientos más audaces de la mandataria desde que llegó al poder. La designación de Godoy, una aliada histórica y figura central de su círculo político, fue un golpe en la mesa en relación al aparato de justicia de México.
Mientras el caso Rocha permanece sin novedades, México ha abierto un nuevo frente a propósito del caso Zambada. La presidenta ha acusado al FBI de orquestar o, al menos, ser partícipe de la supuesta traición interna del cártel de Sinaloa. México está tomando el caso Zambada como bandera para contraatacar en medio de las presiones estadounidenses.
