La deuda pública de México atraviesa desde la Independencia ciclos de contratación interna y externa, moratorias, renegociaciones y crisis que condicionan las finanzas nacionales.
El estudio La deuda pública en México. Panorama histórico y perspectiva actual, del profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Héctor Benito Morales Mendoza, ubica el origen de este patrón en la falta de ingresos públicos, los conflictos políticos y el uso de créditos para cubrir obligaciones vencidas.
Antes de la Independencia, la deuda pública de la Nueva España ascendía al menos a 20 millones de pesos en 1808. Para 1814, el cálculo oficial era de 68.4 millones de pesos, más dos millones de intereses vencidos; las obligaciones con corporaciones y particulares que podían considerarse nacionales sumaban 35.4 millones.
El gobierno adquirió préstamos internos por 68 mil pesos en 1814, 76 mil en 1821 y 45 mil en 1823. Ese endeudamiento se desarrolló mientras el sistema fiscal colonial perdía funcionamiento y el nuevo país enfrentaba el proceso de consolidarse como Estado soberano.
En 1822, el ministro de Hacienda, Antonio de Medina, estimó la deuda nacional neta en 45 millones de pesos. El cálculo descontaba 36 millones y añadía 40 millones de deuda reconocida anterior a la Independencia, además de seis millones contraídos durante la lucha independentista.
Los primeros préstamos externos superaron el presupuesto nacional
México contrató en Londres dos préstamos externos casi simultáneos. El 18 de agosto de 1823, el ministro de Hacienda firmó un acuerdo con Barclay, Herring, Richardson and Co., que ofrecía 2.5 millones de libras esterlinas a cambio de una deuda de cuatro millones de libras con una tasa de 6%.
El segundo contrato se firmó con Goldschmith el 7 de febrero de 1824. La firma se comprometió a proporcionar 1.6 millones de libras, equivalentes a ocho millones de pesos, durante los siguientes 15 meses; a cambio, el gobierno emitiría bonos por 3.2 millones de libras a una tasa anual de 5%, pagaderos semestralmente en Londres y amortizables en 30 años.
La obligación derivada de ese acuerdo ascendía a 16 millones de pesos, una cifra superior al presupuesto total de 1824, calculado en alrededor de 15 millones. Esos créditos fueron de los pocos que aportaron dinero fresco al país entre 1824 y 1875, aunque sus condiciones gravosas, la capitalización de intereses y los déficits persistentes impidieron cubrir el servicio de la deuda.
México declaró su primera suspensión de pagos de la deuda externa en 1827. Le siguieron otras en 1832, 1838, 1846, 1847 y 1861, cuando el presidente Benito Juárez propuso detener durante dos años el pago de obligaciones con Inglaterra, España y Francia por un total aproximado de 81.6 millones de pesos.
La medida aprobada por el Congreso el incluía 69.9 millones de pesos adeudados a Inglaterra, 9.4 millones a España y 2.8 millones a Francia. Los ingresos públicos se habían dirigido a los gastos de la Guerra de Reforma.
El reclamo de las tres potencias fue usado como pretexto de intervenir militarmente. Los Tratados de La Soledad evitaron inicialmente un conflicto internacional, pero Francia inició después la intervención que impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador.
Maximiliano contrató créditos con banqueros europeos a tasas elevadas para combatir a los republicanos. Tras el triunfo juarista, las autoridades mexicanas repudiaron esas obligaciones y las calificaron como “deuda odiosa o ilegítima”, debido a que financiaron la invasión contra el propio país.
La exclusión de México de los mercados internacionales de capital llevó al gobierno a recurrir a comerciantes y banqueros locales. El endeudamiento interno se contrató en condiciones costosas durante 1837, 1846, 1850, 1852, 1856 y 1861.
Porfiriato devolvió a México al crédito internacional
El acceso al financiamiento externo se reanudó durante el porfiriato, después de varios intentos para renegociar las obligaciones originadas principalmente en 1824 y 1825. Manuel Dublán, entonces secretario de Hacienda, promovió el acuerdo de conversión de deuda externa de 1886.
En 1888, México contrató un empréstito por 10 millones de libras esterlinas entre inversionistas europeos. La operación marcó el regreso del país a los mercados internacionales de capitales; después se contrataron 1.5 millones de libras para la Ciudad de México en 1889, tres millones para ferrocarriles y deudas de corto plazo en 1890, así como otros tres millones para ese mismo tipo de obligaciones en 1893.
De 1890 y 1911, la deuda aumentó 300%, al pasar de 52.5 millones a 441.5 millones de pesos. Una parte se destinó a infraestructura ferroviaria, aunque el análisis sostiene que la expansión favoreció sobre todo a ciertos sectores económicos y a empresas extranjeras hacia el final del porfiriato.
En 1910, más del 70% de la población vivía en comunidades rurales dispersas de menos de 2 mil 500 habitantes y al menos 87% no sabía leer ni escribir. La lucha revolucionaria interrumpió el financiamiento externo, que ya se había vuelto necesario para un país agrario con fuertes carencias sociales.
El último empréstito externo de esa etapa fue el crédito forzoso que obtuvo Victoriano Huerta mediante bancos mexicanos en 1913. Entre 1910 y 1942, la deuda externa aumentó cinco veces y media: pasó de 441.7 millones a 2,471.1 millones de pesos, pese a pagos de intereses por 42.1 millones de dólares entre 1923 y 1927.
Los convenios De la Huerta-Lamont, Montes de Oca-Lamont y Suárez-Lamont buscaron resolver las obligaciones externas. El acuerdo de 1942 redujo la deuda exterior titulada directa, incluidos capital e intereses, de 509.5 millones a 50.5 millones de dólares; posteriormente, la deuda ferrocarrilera quedó sujeta a lineamientos similares.
Por su parte, la deuda interna también incluyó bonos ligados al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, a obras de irrigación y fomento agrícola, así como a sueldos de empleados federales. Los bancos reclamaban créditos por 149.1 millones de pesos, pero la depuración de esa cifra dejó un saldo de 76.4 millones.
La expansión de 1946 a 1982 elevó el costo financiero
De 1946 a 1982, la deuda externa creció a una tasa promedio anual de 21%. Su saldo pasó de representar 1% del PIB en 1946 a 35.9% en 1982, mientras el servicio de la deuda aumentó de 0.9% a 37% de las exportaciones.
En 1972, la deuda alcanzaba 5 mil 065 millones de dólares, equivalentes a 12.3% del PIB. Los intereses representaban 17.7% de las exportaciones de bienes y servicios no financieros y 0.7% del producto interno bruto.
La Constitución estableció desde la reforma del que los empréstitos debían destinarse a obras que incrementaran directamente los ingresos públicos. Hacia el final de ese periodo los préstamos dejaron de asociarse con proyectos específicos de inversión.
Entre 1973 y 1981, la deuda pública externa creció a una tasa promedio de 29%. El pago de intereses pasó de 8.2% del ingreso corriente de la balanza de pagos en 1973 a 35.4% en 1982.
El análisis atribuyó esa expansión a la disponibilidad de recursos en el mercado del eurodólar, al desarrollo petrolero mexicano, la sobrevaluación del tipo de cambio fijo, la fuga de capitales, las tasas flotantes de una parte de la deuda y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos desde 1979. A finales de 1982, el petróleo representaba 70% de las exportaciones nacionales.
La deuda externa total pasó de 40 mil 389 millones de dólares en 1979 a 87 mil 875 millones de dólares en 1982. La del sector público aumentó de 29 mil 889 millones e dólares a 62 mil 064 millones, mientras la privada pasó de 7 mil 900 millones de dólares a 18 mil millones.
El , México decretó una moratoria de seis meses ante la imposibilidad de continuar los pagos. El FMI, la Reserva Federal, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra ofrecieron divisas bajo la condición de que se destinaran al pago de bancos privados y se aplicaran medidas de ajuste estructural.
Además, el programa económico de diciembre de 1982 planteó reducir el déficit fiscal del sector público de 17.9% del PIB a 8.5% en 1983, 5.5% en 1984 y 3.5% en 1985. También proyectaba bajar el déficit de cuenta corriente de 13 mil millones de dólares en 1981 a 3 mil 500 millones en 1983.
Fobaproa y la transición hacia deuda interna
La renegociación vinculada al Plan Brady se formalizó en 1990. Del total de la deuda antigua, 46.6% se intercambió por nuevos títulos con 35% de descuento y tasas flotantes; 46.5% se cambió por bonos sin descuento, con una tasa fija de 6.25%, y 10.9% correspondió a nuevos préstamos.
Entre julio de 1989 y diciembre de 1994, la reducción promedio en el pago de intereses fue de 4.6%, equivalente a 783 millones de dólares. La previsión inicial era disminuir en promedio 1 mil millones anuales, por lo que el resultado financiero fue modesto.
La crisis de 1994-1995 estuvo precedida por el surgimiento del EZLN, la entrada en vigor del TLCAN, el déficit de cuenta corriente, ajustes cambiarios, la devaluación del peso, la fuga de capitales, la reducción de reservas internacionales y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores.
El rescate de la banca se canalizó mediante el Fobaproa, posteriormente convertido en el IPAB. En 1998, el Congreso aprobó como deuda pública las obligaciones contingentes originadas por ese mecanismo.
En febrero de 1998, los activos del Fobaproa se estimaban en 552 mil 300 millones de pesos. Al finalizar ese año ascendían a 750 mil millones, sin nuevas compras de cartera bancaria, debido a cerca de 200 mil millones de pesos en intereses capitalizados durante diez meses.
Deuda en el sexenio de Sheinbaum rebasó el 50% del PIB
De 2000 a 2008, la deuda interna representó en promedio 14.6% del PIB, mientras la externa equivalió a 8.4%. La deuda bruta del sector público aumentó de 21.5% del PIB en 2006 a 25.8% en 2008; con ajustes de la SHCP al segundo trimestre de 2009, se ubicó en 34.1%.
El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público totalizó 5 billones 890 mil 512.8 millones de pesos al cuarto trimestre de 2012, equivalentes a 35.8% del PIB. De esa proporción, 26.5 puntos porcentuales correspondían al financiamiento interno y 9.3 puntos al externo.
Al segundo trimestre del 2026, Hacienda reportó que la deuda pública medida en Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público era de 19 billones 47 mil 660.0 millones de pesos. Esto representa 51% del PIB.
El componente interno sumó 14 billones 916 mil 414.9 millones de pesos, mientras que el externo registró 236 mil 476.5 millones de dólares. Estas cifras representan 39.9% y 11.1% del PIB, respectivamente.
