La industria minera de México está en riesgo, las políticas que ha implementado la actual administración y la suspensión total de nuevas concesiones han generado incertidumbre y con ello la reducción de las actividades exploratorias, nuevos proyectos e inversiones.
En entrevista, Karen Flores, directora de la Cámara Minera de México (Camimex), aseguró que de mantenerse esta situación por un sexenio más no solo generará un ambiente desalentador para la economía local y nacional, sino también la posibilidad de convertir al país en un importador de minerales.
“La falta de certeza jurídica inhibe las inversiones. La situación actual y esta regulación prevalecen, al no existir más exploración, ni autorizaciones para la expansión de las minas ya existentes se estaría poniendo en riesgo el empleo de más de tres millones de familias que dependen de esta actividad”, alertó.
La directiva aseguró que el mayor impacto será gradual, pues en el futuro próximo podría darse el cierre de operaciones y con ello se perderían los más de 72 mil millones de pesos en impuestos anuales, así como 250 mil millones de pesos en derrama económica en 212 municipios.
Insistió en que la falta de nuevas concesiones ha afectado los niveles de inversión, particularmente en exploración, y por tanto el desarrollo de nuevos proyectos y la expansión de los ya existentes.
Las inversiones
“La inversión en exploración en 2023 registró un decremento de 4.8% de acuerdo con lo programado, y respecto de 2018 la caída fue de 8.6%, tendencia que se puede acentuar en los próximos años. En los últimos 10 años las inversiones en exploración disminuyeron más del 50%”, expuso Flores.
Refirió que para 2023 se proyectaron inversiones por más de cinco mil 200 millones de dólares y para 2024 de cuatro mil 400 millones de dólares, aunque no descarta que las cifras oficiales puedan ser menores.
“La minería responsable como industria esencial para el desarrollo nacional, requiere, para seguir jugando un papel central en la generación de empleo, inversión, divisas e infraestructura, acciones muy puntuales que permitan retomar un ambiente adecuado para las inversiones”, dijo.
Insistió en que es necesario generar nuevamente certeza y certidumbre jurídica en todo el marco regulatorio del sector; así como permitir y estimular las actividades de exploración: mejorar las condiciones fiscales, incluyendo la posibilidad de deducir los gastos preoperativos.
A esto se debe sumar la atención a las condiciones de inseguridad y garantía del Estado de derecho, atención eficaz y eficiente a los trámites que en materia minera atienden las diversas dependencias gubernamentales y una mejora importante del marco regulatorio para evitar sobrecargas o duplicaciones.
No se puede concebir el mundo sin la minería y es por ello que considera necesario que el gobierno federal trabaje de manera conjunta con las empresas privadas, a fin de mantener el estatus de país minero que tiene México y recobrar la confianza de los inversionistas.
“Estamos trabajando en conjunto con las autoridades en el desarrollo de los reglamentos para la aplicación de estas leyes y con el fin de que brinden certidumbre a los proyectos mineros, presentes y futuros”, apuntó.
