Una de las peores taras del régimen político mexicano es el clientelismo electoral. La repartición de dinero y bienes a cambio de votos. El fenómeno viene de lejos. El PRI lo hacía con regularidad. La práctica, sin embargo, se agudizó cuando empezaron a haber auténticas elecciones en el país. Como ya no era posible robarse impunemente los comicios, pues los priistas optaron por ganarse la simpatía del electorado repartiendo dinero o bienes financiados con recursos públicos. Desgraciadamente, todos los demás partidos siguieron el mal ejemplo.

AMLO, como buen expriista, aprendió muy bien el poder del clientelismo electoral. Como jefe de Gobierno del Distrito Federal se transformó en un maestro para establecer y operar redes de clientelismo electoral. Desde entonces, la izquierda no ha perdido el poder en la Ciudad de México.

Ahora, desde la Presidencia, López Obrador está haciendo lo mismo. Los comicios de 2021 serán una prueba de cómo funcionan los programas sociales actuales del gobierno federal (pensiones a adultos mayores, becas a jóvenes preparatorianos y universitarios, apoyos a discapacitados, pagos a campesinos para sembrar árboles, subsidios a poblaciones indígenas) para ganarse la simpatía de una mayoría del electorado.

Estos programas están operados por un ejército de operadores políticos desplegados por toda la República, los llamados “servidores de la nación”. Poco se sabe de ellos, salvo que están coordinados por un superdelegado del gobierno federal en cada uno de los estados, quienes, a su vez, dependen de uno de los hombres más cercanos del Presidente y que trabaja en Palacio Nacional: Gabriel García.

El gobierno ha aprovechado incluso la coyuntura actual para repartir, a través de los “servidores de la nación”, las vacunas en contra del covid-19. Increíble que hasta eso estén utilizando como ejercicio de clientelismo electoral. “Aquí le manda el señor Presidente su dinero mensual y ahora, fíjese usted, la vacuna para que no se enferme. Para asegurar que sigan estos apoyos lo esperamos el próximo seis de junio a votar a favor del partido de Andrés Manuel: Morena”.

Quiero recordar que en México está prohibido utilizar los programas sociales con fines electorales. Y, sin embargo, este fenómeno está vivito y coleando. ¿Dónde está el árbitro electoral cuando uno de los jugadores, nada menos que el gobierno y los partidos que lo apoyan, comete una falta pública y notoria en sus narices? ¿Cómo es posible que una operación claramente electoral esté en manos de uno de los funcionarios más encumbrados de Palacio Nacional por instrucciones directas del presidente López Obrador? ¿Dónde están las voces que, desde la izquierda, siempre exigieron equidad en las contiendas ahora que el gobierno lopezobradorista está utilizando las peores mañas del pasado sin recato alguno?

Se podría argumentar que no tiene nada de malo el que el gobierno otorgue programas sociales en dinero contante y sonante esperando que los beneficiarios premien al partido en el poder. Como me dijo hace muchos años un campesino que entrevisté y seguía votando por el PRI: “Por lo menos nos dan algo”.

Pues sí, pero el problema es que el sistema democrático se pervierte. En lugar de tener ciudadanos serios e informados que votan por el candidato que más les convence, desde el gobierno se generan pedigüeños dispuestos a cambiar su voto a cambio de bienes materiales.

La democracia implica que la gente vea a los gobernantes como sus representantes, no como mecenas que les regalan cosas financiadas por el erario. Este último punto es fundamental porque no es que el dinero salga de la bolsa personal del gobernante. No. Son recursos del contribuyente. En este sentido, se benefician electoralmente con el dinero de nuestros impuestos, situación tremendamente injusta para la oposición que no tiene el acceso a esos recursos.

Con todo respeto a las autoridades electorales —que gastan tanto dinero en tonterías como monitorear los medios de comunicación para ver si hay una dizque cobertura equitativa—, es hora de que les echen una mirada a los gobiernos federal y estatales que practican, con total naturalidad, un clientelismo electoral que supuestamente está penado por la ley.

 

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