Las organizaciones civiles que integramos manifestamos nuestro extrañamiento ante las posibles irregularidades que pudieran enturbiar el proceso de selección de candidaturas para la renovación del Consejo General del y reiteramos nuestro apoyo a la realización de un procedimiento legal confiable y transparente que garantice la elección de las personas idóneas.

Respetamos la decisión del TEPJF al declarar válida la lista emitida por el Comité Técnico de Evaluación, pero no podemos dejar de advertir que existen elementos que abonan a la duda sobre la nitidez y absoluto apego a derecho que debieron caracterizar las primeras fases del procedimiento y que no han sido aclarados ante la ciudadanía.

Entre ellos destacamos:

• La vinculación partidista de integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Cinco
de sus siete integrantes son personas funcionarias públicas y/o abiertamente militantes del partido en el poder.
• La no publicación inmediata de los documentos exigidos para el registro de candidaturas a pesar de la exigencia de entregar versiones públicas.
• La discrecionalidad en la integración de la lista para la presentación del examen, que eliminó a postulantes y admitió a personas con pública y evidente vinculación con el partido en el poder y sin la experiencia electoral exigida.
• El reconocimiento expreso de que integrantes del Comité tuvieron acceso a la última versión del examen y la falta de aclaración sobre los controles de seguridad para funcionarios de la Cámara de Diputados que tuvieron acceso al servidor y los dispositivos utilizados en el examen.
• Las fallas técnicas al momento del examen y la discrecionalidad con que fueron atendidas algunas dudas y otras no.
• Las confusiones generadas por la revisión electrónica del examen, que no fue accesible ni oportuna para todas las solicitudes, así como el rechazo a aceptar observaciones derivadas de la revisión y el condicionamiento a su acceso previa aceptación de los resultados.
• El incumplimiento de la entrega de copia fiel del examen al momento de su terminación como estableció la , así como la no publicidad inmediata de los resultados a pesar del uso de tecnología que así lo permite.
• La negativa del Comité Técnico y la Jucopo a recibir documentación que argumentaba y solicitaba solución a las irregularidades tanto durante la presentación del examen, como en su posterior revisión.

Desde Unid@s continuaremos observando el desarrollo del proceso y mantendremos
nuestro compromiso de defender al Instituto Nacional Electoral frente a cualquier
intento de captura.

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