El polémico gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, está convencido de que su futuro político es promisorio. Así se lo hace saber a sus cercanos, a quienes asegura que tras dejar su actual encargo llegará a ocupar una secretaría de Estado en el gobierno federal, uno en la que tendría en sus manos un gran presupuesto para obras de infraestructura.
Tras fallar en su intento de extender su periodo de gobierno por tres años más, Bonilla decidió tener más relevancia nacional, por lo que comenzó a ensayar rápidamente en su estado un régimen con características federales, con la creación de un Servicio de Administración Tributaria local para dotarlo de atribuciones, facultades y obligaciones tributarias muy similares a las que tiene el SAT, de Raquel Buenrostro.
El objetivo del SAT bajacaliforniano era aumentar la recaudación de impuestos y disminuir la evasión que heredó del régimen del panista Francisco Kiko Vega; sin embargo, en realidad ese organismo, bajo la dirección de Eva María Soria Amador, ha servido como instrumento para perseguir al sector empresarial y justificar expropiaciones.
Para este puesto, Bonilla Valdez rescató a Viridiana Soria, luego de ser despedida como titular de la Aduana de Tijuana por presuntos actos de corrupción que se encuentran aún bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República.
A la funcionaria se le conocen estrechos vínculos con el exsubsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta.
Con su propio SAT y con su alfil a la cabeza, el gobernador Bonilla amedrenta a los empresarios y a los ciudadanos de Baja California, quienes frecuentemente se encuentran en los caminos de su estado con retenes para cuestionarlos sobre su patrimonio y situación fiscal.
En plena época electoral, el equipo de Viridiana Soria se ha lanzado contra el Grupo Caliente del ahora candidato a la gubernatura Jorge Hank Rohn, al que incautaron recientemente 208 máquinas de apuestas, y en sólo tres días causaron pérdidas de alrededor de 3 millones de dólares para esa compañía.
También, tras señalar un adeudo de impuestos, vino la Declaratoria de Utilidad Pública para expropiar el Club Deportivo y Social Campestre de Tijuana, una superficie de 80 hectáreas cuyo valor ronda los mil millones de pesos; esto para que el gobierno estatal construyera el denominado Complejo Interactivo Campestre.
“El perjuicio a la propiedad privada del Club Campestre es menor al beneficio que genera en favor de la sociedad”, dijo el equipo de Bonilla para justificar la decisión.
Pese a que las maniobras cumplen con el sello de un gobierno morenista, que se reconoce como rival de la clase empresarial, las prácticas de Bonilla no han caído del todo bien en la Presidencia. Fuentes de Palacio Nacional aseguran que Jaime Bonilla ya no es del agrado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha llegado a calificar como un gobernante “peor que Kiko [Vega].”
Hasta la Presidencia ha llegado información sobre presuntos actos de corrupción en este estado que no sólo tienen que ver con los pasos fronterizos, sino con contrataciones irregulares desde el Instituto de Servicios de Salud Pública del estado, y sobre el ejercicio de recursos federales por encima del presupuesto asignado.
Por si fuera poco, esta misma semana llegó a la UIF una denuncia por parte de la candidata de Va por México contra el gobernador por lavado de dinero, peculado y colusión en el cobro de agua, toda vez que, según advirtió la exreina de belleza Lupita Jones, tres empresas habrían triangulado alrededor de 278 millones de pesos para apoyar la causa morenista en Baja California.
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